Por Verónica Arévalo[1]
Por dónde comenzar. Quizás por tres voces.
Hace poco escuché a un cantor a lo poeta decir que “patrimonio” viene del pater, el padre en latín. La palabra proviene del derecho romano en que se reconoce que cada familia posee un conjunto de bienes heredables. Frente a esto, el cultor reflexionaba que la herencia cultural a la que hoy denominamos patrimonio, es fundamentalmente femenina, traspasada por la figura de la madre. Por mi parte, pensé también en la abuela, en las tías, en todas las figuras de mujeres en las familias extendidas que históricamente han asumido labores de crianza y cuidado, incluyendo la enseñanza de la lengua. El cantor interpelaba a buscar otra palabra, una que de cuenta de la dinámica social del traspaso cultural intergeneracional desde un concepto libre de su carga patriarcal.
Una segunda voz es la de una lidereza indígena del pueblo colla, expresando que en su pueblo no existe distinción entre naturaleza y cultura, materialidad e inmaterialidad. Todo se piensa en vinculación y las categorías de patrimonio, como la que realiza UNESCO, que distingue el patrimonio natural del cultural material y del cultural inmaterial, resultan no solo ficticias, sino que insuficientes. ¿Cómo separar un agradecimiento a la tierra de la tierra? ¿Cómo no hablar de tierras cuándo hablamos de pueblos originarios? Es posible reconocer que muchas veces al hablar de patrimonio y en general de cultura, se desarticula este ámbito de la red social, económica y política con las cuales se trama y experimenta desde las distintas subjetividades. ¿Es posible hablar de patrimonios sin hablar de derechos culturales? ¿Es posible hablar de patrimonios y derechos cultuales sin hablar de derechos sociales? ¿Sin llegar al tema de los reconocimientos simbólicos y prácticos de los pueblos originarios, tribales y locales en toda su diversidad? La dirigente invitaba a pensar otro concepto, más integral, más en relación con la realidad local. Menos foráneo.
Sobre este último punto, es importante tener presente que el concepto globalizado por UNESCO adquiere su conceptualización en las dinámicas europeas del siglo XIX que se gestaron desde el coleccionismo, las investigaciones y las exhibiciones museográficas. Para su adopción por parte de los Estados se crearon instrumentos internacionales como el de 1972 correspondiente a la “Convención para la protección del Patrimonio Mundial” y nóminas como la “Lista de Patrimonio de la Humanidad”, estos documentos promueven conceptualizaciones sobre la base de valores absolutos, como por ejemplo, la importancia de la unicidad (o calidad de ser únicos) para reconocer a ciertos lugares por sobre otros. Por largo tiempo, toda la mirada estuvo centrada en las materialidades: naturales o culturales), y ya entrados en el siglo XXI, con otros documentos como la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” (2003) y la “Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales”, se aborda el tema de las prácticas, saberes, tradiciones y todos los conjuntos de elementos que se viven y recrean desde la acción humana. Cuando la dirigenta colla cuestiona la pertinencia de las categorías, lo que evidencia es que aquellas se construyeron desde sesgos que fueron abordándose, pero que aún así, siguen siendo una matriz forzada para las experiencias de las comunidades al identificar y reconocer su patrimonio. El proceso denominado como patrimonialización, que no es otra cosa que el acto colectivo de valorizar algún aspecto de la vida y proyectar su vigencia para las generaciones siguientes. ¿Y si se desea cuidar la vida entera? ¿y si los modos de vida barriales urbanos, campesinos, caleteros, devocionales, artesanales, entre otros, son un todo indisoluble?
Finalmente, la tercera voz es la de una cultora de baile chino antofagastino. Decía, en una reunión, que a pesar de que todavía le costaba entender y explicar el concepto, para ella era muy importante ser reconocida como patrimonio de la humanidad. Le pregunté por qué. Me dijo que, porque siempre eran ninguneados por otros bailes, por el municipio, y en la idea de patrimonio había algo que les decía que ellas y ellos no eran cualquier cosa. Esta respuesta manifiesta evidencia que pese a todas las falencias del concepto, aún contribuye a que las personas hagan consciente su dignidad cultural, la cual es un derecho más allá de los reconocimientos del Estado.
La realidad es que con o sin concepto de patrimonio, su contenido es vivido por las comunidades, y hablo de dignidad, porque al ser apropiado por parte de las personas se vuelve una herramienta que les ha permitido exigir respeto ante el Estado, las empresas privadas y otros grupos humanos. Por eso, el patrimonio es político, porque es capaz de reproducir, pero también de transformar las relaciones de poder.
La creación del actual proyecto de ley de patrimonio cultural y la redacción de su indicación sustitutiva aún no ingresada al Congreso, deja fuera a estas tres voces y a todas las que tienen qué decir algo sobre el tema. Esto trae como consecuencia evidenciar -una vez más- que el Estado sigue operando desde lógicas autoritarias, racistas y excluyentes. Hay un tratado internacional que garantiza la consulta indígena en materias que afectan directamente a los pueblos originarios y tribal afro descendiente: el Convenio 169 de la OIT, pero prefieren no realizarla y excluir cualquier mención al patrimonio indígena, desconociendo la historia y conformación socio-cultural de nuestro país en un acto descarado de blanqueamiento. Desde la subsecretaría del Patrimonio responden que eso requiere tiempo, pero si se hubiera tomado la decisión política de hacer la consulta indígena desde el inicio, ya estaría concluida. Por otra parte, también se desconoce el Convenio por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, suscrito por Chile en el año 2009, que señala que se debe garantizar la participación de las comunidades cultoras (artículo 15).
Por otra parte, se cierra la posibilidad de enriquecer los contenidos. No ignoro que existen expertos y expertas en materia patrimonial, pero las y los que son patrimonio, como el cantor a lo poeta, la lidereza colla, y la cultora de baile chino, quedaron fuera por lo antes señalado. Eso empobrece el documento en varias dimensiones como las conceptualizaciones iniciales. No se dio la posibilidad de construir colectivamente otras denominaciones que pudieran complementar “patrimonio”, palabras que pudieran transmitir las herencias femeninas y la integralidad en diálogo-tensión con las categorías UNESCO. En cuanto a las herramientas de gestión que proponen, no permiten reconstruir las relaciones de poder en unas más simétricas y justas entre las comunidades, el Estado y las empresas privadas, sino que reproduce la concentración de decisiones, el entrampamiento en las declaratorias y reconocimientos y no protege, que es lo que nos importa. La verdad es que estamos siendo despojados de un derecho cultural, que es poder decidir respecto de las formas de defensa, de experienciar y de proyectar nuestras vidas colectivas.
[1] Historiadora, Dirigenta Nacional ANATRAP (Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio) y Encargada Regional de PCI en Antofagasta.
