Por Javiera Naranjo


Para empezar, podrías presentarte, contar sobre tu trayectoria con relación al patrimonio, cuáles son tus temas de interés y cuál es la motivación que te lleva a estar atenta a la modificación de la Ley de Patrimonio.

Hola, soy Daniela Morales, de profesión soy abogada, aunque de un tiempo a esta parte siento que me dedico a muchas cosas y no solo al Derecho. Por ahora estoy viviendo en Santiago, encuarentenada y pandémica.

Mi trayectoria en relación al patrimonio cultural ha sido bastante diversa y poco lineal; a veces pienso que ha sido más bien un proceso de autoformación que una trayectoria de trabajo. En términos institucionales, trabajé en el Área Jurídica del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y luego, brevemente, en el Departamento de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Ahora que lo veo con distancia, creo que haber trabajado en ambas instituciones fue un ejercicio profundo para entender el lugar y los límites de la cultura y del patrimonio cultural dentro del Estado. Fuera de eso he trabajado de forma independiente, realizando consultorías y asesorías a organizaciones de la sociedad civil en materias relacionadas con gestión del patrimonio cultural.

Tanto en el CMN como en CNCA colaboré en la redacción de documentos de carácter normativo, bastante diversos entre sí, pero muy similares en el sentido de que fue un trabajo 100% de escritorio, mediados por la urgencia de una agenda política y no social. Desde ahí me he dado vueltas tratando de entender si es posible que la institucionalidad y el Estado, en su esencia vertical y unidimensional, pueda traducir algo tan plural y dinámico como es el habitar, el reconocerse con prácticas y entornos, y los vínculos sociales que generamos. Por mi propia experiencia, y quizá por enmendar un poco los errores que yo misma cometí, es que estoy atenta al proceso de tramitación de la Ley de Patrimonio Cultural.

Modificación a la Ley de Patrimonio

¿De qué se trata el proyecto de Modificación de la Ley de Patrimonio que está presentando el Gobierno al congreso desde el año 2019?

Básicamente es un proyecto de ley que modifica la actual Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, y propone una “nueva regulación” del patrimonio cultural en Chile, incorporando algunos elementos y categorías que amplían los repertorios de patrimonialización. Pongo “nueva regulación” entre comillas, porque me parece que en realidad es casi el mismo estándar de lo que tenemos hoy.

La Ley de Monumentos Nacionales regula una parte del amplio espectro de lo que comúnmente designamos como patrimonio cultural y natural. Es una ley bien extraña, cuya genealogía conceptual nos lleva en un viaje directo a la Europa de siglo XIX. Como tal, es un instrumento político que ha estado al servicio de la construcción de una noción unitaria y blanca de este territorio, y una memoria clausurada y anclada en un pasado no contencioso, que ya no está en disputa. Pero es un caso bien extraño, porque si bien es lo suficientemente rígida y conservadora como para instaurar un programa hegemónico, vertical, centralizado y patriarcal, también presenta elementos muy dúctiles, por lo que ha sido utilizada por diversas comunidades como una posibilidad de defensa territorial, y de resistencia local.

El proyecto de ley de patrimonio del gobierno de Piñera toma, por una parte, la Ley de Monumentos Nacionales, y, por otra, lo poco que se ha trabajado a nivel normativo e institucional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, y realiza una propuesta bastante insípida. Para ser justa yo no diría que es mala, sino que, más bien, es como noventera. Postula algunas renovaciones conceptuales considerando estándares internacionales en la materia, ojo no digo estándar internacional necesariamente como algo deseable. Como por ejemplo, el tránsito de la categoría de “monumento” a la categoría de “bienes de interés cultural”, y  la incorporación de la categoría de paisaje cultural y sitio de memoria.

En ese sentido, no solo mantiene, sino que refuerza mecanismos de apropiación, de objetualización, de delimitación de la diversidad cultural, y de los derechos culturales, a través de actos de poder administrativo, de actos de la autoridad central. Además, radica estas decisiones en organismos integrados casi exclusivamente por funcionarios de los gobiernos de turno. La nueva integración del actual CMN -que en el proyecto se denomina Consejo del Patrimonio Cultural, y de los Consejos Regionales del Patrimonio Cultural- corresponde exclusivamente a representantes de Ministerios y Seremías, convirtiendo estos actos de poder, en actos de poder político-partidistas, alineados con los programas y los intereses económicos de los gobiernos.

¿Qué opiniones ha merecido esta propuesta de modificación a la Ley dentro de las organizaciones y expertxs relacionados con el patrimonio?

Eso es muy diverso, y para no extenderme tanto, voy a generalizar un poco. En primer lugar, hay un espectro que está a favor de la modificación de la ley, quienes opinan sobre la base de un argumento, en mi opinión maniqueo, de que hay un “diagnóstico de amplio consenso” de que se trata de una ley muy antigua y hay que actualizarla. Este enfoque está orientado principalmente al patrimonio material, arquitectónico, y asume que por el solo hecho de modificar la ley las inmobiliarias van a dejar de botar casonas antiguas, y la institucionalidad patrimonial se va a convertir en la panacea de la eficiencia, siendo que el proyecto de ley no aporta un solo peso para robustecer la orgánica.

Luego, hay un bloque bien potente que se ha armado, que articula a diversas organizaciones de la sociedad civil y a todas las asociaciones de funcionarios vinculados a la cultura y el patrimonio, que por el momento se llama Frente por el Patrimonio, y que ha sido bastante consistente en expresar su rechazo al proyecto. Ese rechazo se sustenta desde una multiplicidad de críticas, pero yo me centraría en algunos ejes principales: la ausencia de consulta indígena y el incumplimiento del acuerdo Nº6 al que se llegó en la consulta indígena del MINCAP, la ausencia de participación ciudadana vinculante, la evidente prescindencia del rol del CMN como organismo con competencia ambiental dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que profundiza la fragilidad en evaluación de los componentes culturales dentro del SEIA, y la sobrerrepresentación de funcionarios de los gobiernos de turno en la configuración de los consejos. También hay críticas por la tibia y equívoca incorporación de la figura de sitios de memoria, el tratamiento marginal que se le da al Patrimonio Cultural Inmaterial, la ausencia de materias fundamentales relativas a la propiedad intelectual de las comunidades, o el patrimonio genético y biocultural, etc.

Hace unas semanas, se pronunciaron los consejeros indígenas de los Consejos Regionales y del Consejo Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quienes han manifestado su rechazo al proyecto de ley, por vulnerar los derechos de los pueblos originarios al carecer de una consulta previa en los términos del Convenio 169.

En todo caso, tampoco es un tema que haga mucho ruido. Creo que es cada vez más visible la aparente calma en el mundo de la cultura, y esta especie de cooptación por la vía de la profesionalización de los gestores culturales y todos quienes nos financiamos a través de fondos concursables, o de proyectos, de asociaciones, etc. Todo esto ha favorecido la implementación de un discurso oficial, no subversivo, que coarta mucho la capacidad crítica que tenemos los agentes culturales sobre la política coyuntural. También se echa mucho de menos a la academia, creo que se han marginado bastante de esta discusión.

¿Cuáles son los principales problemas que han detectado en la propuesta de modificación?

Como decía anteriormente las críticas al proyecto de ley son plurales, y eso evidencia su principal falencia: la falta de instancias de participación y consulta, de reflexión colectiva. Cuando recién se anunció que este proyecto iba a ingresar al Congreso, el Subsecretario publicó en sus redes sociales que se habían hecho más de 80 instancias de participación. Nosotras pedimos por Ley de Transparencia el listado de estas instancias, y el resultado fue vergonzoso: una reunión-almuerzo con académicos de la Universidad Católica, un programa de radio (radio Arcada, ni siquiera radio Cooperativa o algo masivo), una charla para los alumnos del Magíster de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes en el Museo de la Moda. Estos gestos nos hablan de la vigencia de un colonialismo interno brutal. Creo que detrás de una fachada multiculturalista, mantenemos a lxs sujetxs enunciados dependientes de la representación de intelectuales primermundistas. Y lo que estamos viviendo desde octubre en adelante, y en realidad desde mucho antes, es la deslegitimación de esas mismas élites intelectuales por un poder popular con agencia refundacional.

Realmente creo que, en este momento, cerrar la puerta para la coeducación y la participación efectiva, es la pérdida de una oportunidad trascendental para reconocernos. Tampoco es que vamos a cambiar siglos de colonialismo con una ley, pero debemos presionar por generar procesos en todos los ámbitos que tiendan hacia la reconfiguración en la forma como nos relacionamos, con creatividad, y con un respeto honesto por las relaciones colectivas.

 

 

Según lo planteado por el gobierno, el proyecto de modificación de la ley tiene como objetivos: modernizar la institucionalidad, actualizar sus categorías y otorgar una protección efectiva al Patrimonio Cultural en Chile. ¿podrías explicarnos brevemente de qué tratan cada uno de estos puntos y qué opinión te merecen?

Sobre la modernización de la institucionalidad, ya el solo hecho de que se use la palabra “modernizar” me desalienta. Siento que es una declaración de principios muy potente sobre la intención de “renovar” un sistema, pero mantenerlo anclado a los mismos principios. Me imagino que con “modernización de la institucionalidad” hacen referencia a la modificación en la integración del Consejo de Monumentos Nacionales, al que además se le cambia el nombre por Consejo de Patrimonio Cultural, y la creación de Consejos Regionales, a los que se les dota de algunas facultades decisorias. Como he señalado, la integración de los consejos es aberrante, se propone una composición de representantes designados por los Ministros de turno, o por el mismo Presidente de la República. Es decir, es un organismo conformado para implementar programas de Gobierno. Si concedo el beneficio de la duda, y centro mi análisis en la figura de los consejos regionales y no en su composición, la verdad es que la voluntad por descentralizar la toma de decisiones es marginal, porque lo que importa, es que sean las regiones, los territorios, las comunidades, quienes decidan qué se protege, y de qué forma. Estas decisiones en el proyecto de ley, se mantiene en el órgano central.

Sobre la actualización de las categorías, en la mayor parte de ellas hay solo un cambio de nombre: de zonas típicas y pintorescas, a zonas de interés cultural, de monumentos históricos, a bienes de interés cultural, mueble o inmueble. En mi opinión, y quizá por una deformación profesional, la noción de “bien” es todo aquello que es apropiable por el Ser Humano, del cual se puede obtener una utilidad. En ese sentido pienso que la noción de bien que se incorpora en el proyecto de ley es insuficiente, y no nos permite vislumbrar nociones más colectivas y comunitarias de valoración y gestión. Además, se incorpora la categoría de sitio de memoria, cuyo tratamiento ha sido resistido por la Red de Sitios de Memorias, y la categoría de paisaje cultural. Sobre esta última, el proyecto de ley incorpora una definición demasiado tibia, que no logra traducir el dinamismo y la continuidad de las interrelaciones que mantienen las comunidades con sus ambientes y espacios.

Ahora, lo de otorgar una protección efectiva del Patrimonio Cultural no lo sé, porque no lo veo en este proyecto de ley. En mi opinión, la única forma de avanzar hacia una protección efectiva del patrimonio es reconocer la centralidad de los derechos culturales en el entramado institucional, los derechos culturales de todxs en tanto individuxs y colectividades, entregando herramientas certeras y adecuadas para que dichos derechos puedan ser ejercidos.

Dentro de la modificación se plantea que esta Ley permitirá transitar desde un paradigma de protección legal a uno de protección efectiva que permita una mejor y, más eficiente protección, conservación y gestión del Patrimonio Cultural en Chile. ¿A qué se refiere cuando habla de pasar de una protección legal a una protección efectiva? 

¡La verdad yo tampoco sé muy bien a qué se refiere! (risas) Y tiene que ver con las respuestas anteriores. Porque mientras no coloquemos el efectivo resguardo de los derechos culturales, ambientales y sociales en el centro de esta discusión, así como tampoco reconozcamos la urgencia de incluir la multiplicidad de voces en su construcción, la frase es pura retórica. Son figuras de protección creadas para mantener un statu quo cómodo a la agenda neoliberal, es decir que sea acorde a la destrucción del medio ambiente y a la despolitización de los acervos culturales. Proyectos brutales como El Mauro o Ralco son perfectamente posibles con esta ley.

Algunas críticas a la Ley plantean que se encuentra desactualizada en cuanto a que predomina una valorización monumental del patrimonio cultural, se ve que en general el proyecto no supera la separación entre patrimonio material e inmaterial, que desde una perspectiva antropológica y arqueológica son inseparables. ¿Por qué se vuelve tan importante superar la separación que se venía haciendo del patrimonio material e inmaterial?

Respecto a la pregunta, me gustaría hacer una precisión, en el sentido de por qué es importante que la institucionalidad supere la separación patrimonio material e inmaterial. Ustedes como Oficios Varios lo saben mucho mejor que yo: ese nudo solo lo encontramos en el mundo de la gestión pública y de los análisis académicos. No hay ninguna práctica sin un contexto, todxs estamos anclados al territorio, y a los elementos materiales e inmateriales que habilitan el complejo entramado de interrelaciones que nos han permitido la sobrevivencia. No tengo la fuente precisa en este momento, pero me parece relevante este dato: Bolivia fue el primer país en cuestionar las limitaciones de la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, al año siguiente de su adopción, por haber dejado fuera las manifestaciones de la cultura tradicional y popular. Eso debe haber sido en el año 1973-1974, cuando acá estábamos en la oscuridad de la dictadura. Y resulta que, casi 50 años después, aún son temas a los que nos acercamos desde el colonialismo, con miedo, con conservadurismo. Y es que cada vez es más evidente que somos pura oralidad y memoria, somos permanente cambio, permanente recreación, la única certeza que tenemos es que actualizamos y renovamos constantemente nuestras posibilidades de presente y futuro, sobre la base de los conocimientos heredados. Hoy leía un texto de Donna Haraway en que exponía sobre la tarea que tenemos de crear respuestas ingeniosas y potentes para aprender a vivir en un presente denso, generando combinaciones y relaciones inesperadas.

Creo que este es el motivo por el que debemos presionar para que la institucionalidad desarrolle formas concretas de gestión y conceptualización conjunta de ambas dimensiones de un mismo elemento. Como sujetxs u objetxs del colonialismo, es ahí donde debemos poner nuestra estrategia, para construir propuestas éticas que superen las epistemologías hegemónicas.

Por qué, a tú modo de ver, es importante construir una Ley de Patrimonio en el país. Qué garantiza, Qué resguarda. Cómo abogada qué podrías decir a favor de la construcción de estos corpus legales.

Me cuesta bastante responder esta pregunta, porque en realidad no sé si es importante o no tener una Ley de Patrimonio, y a veces no estoy tan de acuerdo conmigo misma (risas). Una respuesta muy intuitiva es que mientras tengamos relaciones de poder tan desiguales, incluso en el campo simbólico, es importante generar herramientas de protección y defensa de los derechos culturales, de carácter colectivo, y que tengan como horizonte el restablecimiento de siglos de saqueo cultural, territorial y ambiental. Pero, también creo que los procesos importantes de protección de los acervos culturales se han hecho por fuera de la acción del Estado, o por el Estado, pero a partir de la presión popular. La intervención del Estado en estos procesos es homogeneizadora, coopta los intereses, espectaculariza los procesos, en fin, tiende a destruir tejidos sociales y comunitarios.

Por eso más que darte una respuesta de si es importante o no una Ley de Patrimonio, lo que a mi me parece fundamental es abrir espacios de diálogo y reflexión sobre este tema. Pienso que si bien eso era urgente hace mucho tiempo, es una idea que ha tomado fuerza y pertinencia después de la revuelta de octubre. Esta revuelta confirma que debemos caminar hacia normas que se piensen y se trabajen desde los territorios, con un real compromiso por saldar deudas históricas, y por establecer medidas que funcionen como un límite a la agenda extractivista, ya sea del Estado o de los particulares.

Y bueno, la pregunta me interpela como profesional, como abogada, como una persona “escueleada” como se dice, y pienso que debemos alejar la discusión de la centralidad de los técnicos, de los profesionales, de los supuestos expertos. Como decía en una pregunta anterior, creo que es hora de encontrar formulas creativas, inspiradoras y locales.

Continuará, espere la parte 2 pronta a publicarse.