Por Javiera Naranjo


A continuación, podríamos indagar un poco sobre el concepto mismo de Patrimonio. La modificación a la Ley hace propio el concepto que la UNESCO propone sobre Patrimonio, donde se plantea: son “aquellos bienes, tanto materiales como inmateriales, comprendidos como acervos propios que identifican y cohesionan a una comunidad y que son transmitidos de una generación a otra. Este supone además bienes del pasado, preservados y salvaguardados como legados, así como presentes y futuros, en un proceso continuo y dinámico de valoración que contribuye a un desarrollo humano integral y sostenible”. ¿Qué opinión tienen sobre este concepto?

En primer lugar, creo que ya es tiempo que nos demos cuenta de que por muy acostumbrados que estemos con el concepto de patrimonio, es profundamente patriarcal. No podemos seguir tratando de forzar la protección de prácticas culturales, muchas de las cuales han sido mantenidas persistentemente a través de generaciones por mujeres, bajo un concepto que, al mismo tiempo, nos violenta. Es importante que hagamos el ejercicio de pensar este concepto, este ámbito de ejercicio y análisis, desde otra vereda que nos entregue posibilidades epistémicas para pensar desde las herencias o los legados otros, de las mujeres, de las disidencias, de los espíritus, en fin.

Luego, estos grandes organismos de derecho internacional como la UNESCO, me generan mucha contradicción, porque si bien nos permiten manejar herramientas conceptuales y también jurídicas que pueden hacerse valer como un límite contra la acción de los Estados y para la protección de los derechos fundamentales, también sirven para establecer una soberanía homogeneizante y un control biopolítico trasnacional.

En tercer lugar, este concepto que presentas acá, y que además corresponde al artículo 1 del proyecto de ley, me parece que es un enjuague que hicieron entre los dos conceptos de patrimonio que maneja UNESCO. Es decir, es un concepto UNESCO a la chilena, dice que hace propio el concepto de UNESCO, pero no dice de qué manera. Y en ese sentido, es bien ridículo, porque es un concepto que ni siquiera está acorde con las nociones de patrimonio cultural que entrega la Ley 21.045, que es la que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y con los demás principios que esta ley considera. Esa ley, nos habla de patrimonio como un bien público, plural y diverso. Tampoco estoy tan de acuerdo con esa definición, pero al menos proyecta la idea de la pluralidad de legados, nos habla de la valoración social de los creadores y cultores y del anclaje territorial de las culturas. Yo no soy teórica, por lo que me siento un poco incómoda haciendo un análisis conceptual, pero al menos creo que es un estándar más bajo y limitado que lo que ya tenemos en nuestra legislación cultural.

Al leer la idea misma de patrimonio me surge la pregunta ¿A quién pertenece el patrimonio? Porque pareciera que se está tratando de conceptualizar y encasillar expresiones culturales de pueblos ya existentes dentro de un aparato estatal. No se reconoce en su definición que esos “bienes” pertenecen a un pueblo, sino que, a comunidades, sutilmente se quita todo el potencial histórico, territorial y político que tiene este “patrimonio”. 

Bueno, por eso mismo se niegan a hacer consulta. La Ley de Patrimonio no es sólo una ley sobre procedimientos. En mi opinión y como he dicho antes, es una ley que sienta las bases de posibilidad en la relación entre el Estado y los territorios, ya sean relaciones de autonomía o de subordinación. Esto no va a cambiar ahora, menos con este gobierno, pero es necesario que insistentemente hagamos el contrapunto y evidenciemos cuál es el sustrato sobre el cuál se gesta la política cultural en Chile, cuáles son sus límites. En el mundo del patrimonio hay un discurso muy equívoco sobre la tecnificación de las decisiones: el CMN es un organismo técnico, los profesionales toman decisiones técnicas, etc. Y a través de ese argumento se han empañado, se han difuminado los contornos de una verdad que quizá es incómoda: el patrimonio es una activación simbólica de intereses políticos, de determinadas estrategias políticas. Y claro, los trabajadores del patrimonio y la cultura siempre creemos que estamos trabajando por fines benéficos, altruistas, pero realmente no lo es cuando ya sea por acción u omisión, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en concretar repertorios de patrimonialización originados por y para los poderes políticos y económicos, y no para la comunidad. Efectivamente hay quienes se benefician de la supuesta apoliticidad en este tipo de decisiones.

No hay ningún sitio protegido que sea representativo del movimiento de pobladores, de las luchas feministas, bueno qué decir del mundo indígena. En cambio tienes funcionarios preocupados de la mantención de la estatua de Baquedano. Ustedes mismas como Oficios Varios podrían dar cátedra respecto a que los principales riesgos que enfrentan las y los cultores para la preservación de sus culturas, son ocasionados por el mismo Estado, permitiendo la extracción indiscriminada de los recursos naturales, el empobrecimiento de las poblaciones rurales, la precarización de las relaciones laborales. ¿Es eso coincidencia? Al Estado no le conviene que las conceptualizaciones sobre patrimonio o cultura que nos ofrecen, abran la puerta a que comunidades con este potencial histórico, territorial y político que dices tú, disputen esos espacios de poder. Imagínate lo que significaría para el Estado-Mercado reconocer a Quintero y Puchuncaví como patrimonio de la devastación.

Y entonces nos lleva a pensar ¿Quién realmente se está beneficiando con toda esta conceptualización del Patrimonio?

Creo que lo respondí un poco en la pregunta anterior, pero también se benefician los burócratas, los académicos. Yo misma me he beneficiado por incorporar en mi currículum iniciativas públicas que al final no le sirven a nadie. Pero de todas formas me gustaría hacer un contrapunto un poco más positivo. Creo que el alcance de un proyecto de ley como este, e incluso de la misma Ley de Monumentos Nacionales o de las Convenciones Internacionales son tan limitadas, que menos mal dejan espacios fragmentados, invisibilizados a su acción hegemónica, que permite la vigencia y la resistencia de ciertas culturas, aunque sea en condiciones muy precarias.

Personalmente en nuestra organización nos hemos tenido que enfrentar constantemente al concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial, los temas que investigamos entran en esta categoría, y desde los inicios ha sido un concepto que no ha logrado acomodarnos del todo. En el transcurso de nuestro trabajo hemos sido testigos de como en diversos territorios los reconocimientos y supuestos beneficios que significa el reconocimiento de ciertas manifestaciones culturales han generado profundas disputas internas entre lxs cultorxs. Y como prácticas y saberes se han folklorizado e instrumentalizado por parte del Estado para su beneficio ¿tú has podido evidenciar situaciones de este tipo en tu trabajo y experiencia con el tema? ¿Qué opinión tienes al respecto?

Si, totalmente. El Estado en estos temas ha sido brutal, y ha ayudado mucho a romper tejidos comunitarios. Vivimos en la época de los fondos concursables, eso no es compatible con trabajos de largo aliento, de revitalización de conocimientos, de apoyo comunitario, de defensa territorial para el buen vivir. Y en ese sentido el concurso de Tesoros Humanos Vivos, si bien tiene o tuvo su contexto, en mi opinión es casi como una versión moderna de los zoológicos humanos. Hay algo que una vez alguien me dijo, y que me hizo tanto sentido: por qué, si se supone que con esta iniciativa se reconocen personas portadoras de conocimientos tan excepcionales, les entregan montos como de $1 o $2 millones, y a los premios nacionales se les entrega como $20 millones y una pensión vitalicia de 2 UTM mensual. Esto es un ejemplo de que mantenemos una mirada de subordinación respecto de estos saberes, como un otro alegórico, como seres de segunda o tercera categoría. Y es una iniciativa que va a ser muy difícil que se elimine, porque las premiaciones y las ceremonias y todo eso es un espectáculo que entrega réditos políticos.

Realmente creo que quienes trabajan en el Estado en temas de patrimonio cultural inmaterial lo han hecho de forma muy precarizada. Creo que a la gran mayoría sí les interesa hacer un trabajo respetuoso y profundo, pero estando dentro de la institucionalidad es muy difícil perderse en las tramas de las prioridades y las agendas políticas, a veces teniendo que pelear por la continuidad de presupuestos pequeños y de los propios puestos de trabajo. Hay muy malas prácticas también, el Estado es una institución patriarcal, y es muy difícil conjugar eso con un ámbito eminentemente comunitario y horizontal.

Convenio 169

Una de las criticas que se hace al proceso de modificación de la Ley es que no existió una adecuada consulta ciudadana con respecto a la modificación de la Ley y menos una consulta indígena, según lo estipulado en el Convenio 169 suscrito por Chile. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos de qué se trata el Convenio 169 y qué significa que Chile haya suscrito a este convenio internacional?

No soy para nada una experta en esta materia, así que sólo diré algunas generalidades. El convenio 169 es un tratado internacional, ratificado por Chile, que establece un estándar en la forma en cómo los Estados deben relacionarse con los pueblos originarios y afrodescendientes, orientado a garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de sus miembros, en condiciones de igualdad, y con pleno respeto a sus formas de vida. El Convenio trata temas fundamentales como el derecho a la integridad cultural, al reconocimiento y respeto por sus vínculos con la tierra, el derecho de propiedad, las condiciones laborales y de seguridad social, etc., y reconoce a los pueblos originarios como sujetxs colectivxs de derechos.

En ese sentido, una de las principales consecuencias para Chile es que el tratado incorpora la consulta previa, libre e informada como una obligación de los gobiernos al momento de implementar medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta consulta previa tiene varias características que se deben atender para cumplir con un estándar adecuado en atención a las orientaciones que dispone el convenio, como por ejemplo que sea previa, libre e informada, pero principalmente, que se trate de un diálogo intercultural, es decir, que haya una disposición hacia la búsqueda de consentimiento. Para esto se deben dar ciertas condiciones, como por ejemplo que la consulta sea previa a la medida que se busca implementar, que sea de buena fe, es decir que se den condiciones que permitan alcanzar acuerdos, que sea un proceso continuo, etc.

Sin embargo, en Chile la implementación de este Convenio, y en particular de la consulta indígena, sigue estando muy por debajo de los estándares impuestos por el tratado. De hecho, en Chile se encuentra vigente un Reglamento de Consulta Indígena (DS 66), que fue elaborado en el anterior gobierno de Piñera, y que ha sido ampliamente resistido por las comunidades indígenas, quienes se oponen a su implementación, principalmente porque es más restrictivo en su contenido que el propio Convenio.

En relación a la Ley de Patrimonio, el gobierno tiene una postura cerrada, de que como el proyecto de ley no aborda el tema del patrimonio cultural indígena de forma expresa, no es una medida que afecte directamente a los pueblos originarios. Por eso no se está implementando consulta en este proyecto en particular, y es lo que varias organizaciones indígenas y de la sociedad civil reclaman.

Cómo conciliar las miradas

Luego de revisar la propuesta de modificación a la Ley y las diversas cartas que expertos y organizaciones relacionadas con el patrimonio escribieron al respecto, queda la sensación de que el espíritu mismo de la ley – si se puede hablar de espíritu en estos casos- tuviera buenas intenciones, pero su entendimiento de la cultura y el patrimonio de un pueblo se hubiesen quedado en el siglo pasado, como si el Estado se resistiera a dejar su postura decimonónica con respecto a la cultura y buscara -aún- obstinadamente construir una cultura homogénea de la nación sin reconocer la diversidad cultural que existe en el territorio. ¿Te queda una sensación similar?

Totalmente, y creo que es algo que también ha salido en otras respuestas de esta entrevista. Con todo este tema me hace mucho sentido cuando la Silvia Rivera u otros autores hablan del colonialismo interno. Mantenemos esa mirada colonial de nosotrxs mismxs, y establecemos categorías de aquellxs sujetxs habilitadxs para participar de los debates públicxs y otrxs no. Y claro, como decíamos hace un rato, todo en un contexto de supuesta apoliticidad, objetividad, y benignidad con el que se plantea el panorama oficial de la cultura y el patrimonio.

En mayo del 2019 el Gobierno anunció la promoción de un proyecto de ley sobre Patrimonio Cultural sin la adecuada participación ciudadana, en octubre del mismo año, queda en evidencia las distancias que existen entre la sociedad civil y la clase política donde el tema de las expresiones culturales se vuelve uno de los puntos centrales. Luego, en marzo del 2020, se modifican todos nuestros estilos de vida por una pandemia, quedando muchos proyectos y discusiones sociales en estado de latencia. Frente a esto ¿Qué futuro visualizas para esta modificación de la ley? ¿En que escenario nos encontramos actualmente? ¿A qué no debemos dejar de prestar atención a pesar del contexto en el que nos encontramos?

A principios de marzo de este año, el Subsecretario señaló que estaba haciendo gestiones al interior del gobierno para promover la implementación de una consulta indígena para este proyecto de ley. Sin embargo, vino la pandemia, y toda la tramitación legislativa se paralizó. En este contexto, de calamidad nacional, el Subsecretario retomó su agenda, y publicó una encuesta online, para validar su proyecto de ley. Su estrategia es, previa encuesta, ingresar una indicación sustitutiva del proyecto en junio o julio. En forma muy resumida, eso significa que se retira el proyecto en el estado en que se encuentra en su tramitación en el Congreso, y se ingresa un nuevo texto. A mi realmente me parece antiético, en las circunstancias en que estamos, insistir en este proyecto, eludiendo cualquier tipo de instancia de participación adecuada y representativa, solo por cumplir su agenda política. Así que vamos a tener que seguir atentos a la tramitación, tratando de incidir, cuestionar, y sobretodo, difundir este tema, sus implicancias y su trayectoria.